Se hace público el informe “Dosier de análisis sobre externalización de vivienda pública: el caso de CASA 47” elaborado por el Grupo de análisis sobre externalización de vivienda pública que han impulsado la Campaña PLAN SAREB, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC).
El informe se basa en el estudio del proceso de licitación de las 17.324 viviendas de la SAREB traspasadas a CASA47.
Concurso público con criterios economicistas.
El análisis de los pliegos revela que 78 de los 100 puntos de adjudicación corresponden a criterios económicos, mientras que solo 22 puntos se asignan a criterios denominados “sociales”, limitados básicamente a la gestión preventiva de impagos y encuestas de satisfacción. No hay rastro del reconocimiento de derechos colectivos y sindicales a los arrendatarios de CASA47 o compromisos de gestión democrática a los licitadores privados.
Además, el requisito de solvencia económica exige que las empresas licitadoras acrediten un volumen de negocio equivalente a 1,5 veces el importe anual del lote al que optan, una condición que favorece a grandes servicers inmobiliarios como Aliseda, Anticipa, Servihabitat, Haya Real Estate, Solvia o Altamira/DoValue.
En la documentación de la licitación se reconoce la falta de medios humanos y estructura territorial de CASA47 para gestionar directamente el parque, justificando que un gestor privado “optimiza la eficiencia”. De este modo, el nuevo modelo de vivienda pública nace externalizado y subordinado a lógicas empresariales.
La principal conclusión del informe es que el proceso de licitación prioriza criterios económicos frente a criterios sociales, allanando el camino para que grandes servicers y fondos privados —responsables durante años de la subida del alquiler, la especulación y los abusos a inquilinas— vuelvan a gestionar vivienda que debe cumplir una función social.
Crece la organización sindical en los bloques de la SAREB.
El martes 17 de febrero se ha presentado en Catalunya la sección sindical de la SAREB de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), que organiza a las residentes de 25 bloques de viviendas de SAREB en Catalunya. En Rueda de Prensa se alertó de que el proceso de traspaso a CASA47, en la actual fase de “saneamiento” del parque de la SAREB, está generando expulsiones y aumentos del precio del alquiler. Este proceso lo estan liderando empresas vinculadas a fondos como Blackstone y Hipoges.
Ante la creación de CASA47 la COSHAC ha planteado como principales reivindicaciones que todos los inmuebles de la SAREB pasen a manos públicas, que su gestión dependa directamente de la Generalitat y que se incluya, explícitamente, a las rentas más bajas.
La situación afecta también a residentes de la comunidad de Madrid donde SAREB ha roto su acuerdo de regularización de todos los casos agrupados en la carpeta de la campaña Plan Sareb, imponiendo reubicaciones forzosas, cortes de suministro a bloques enteros, y manteniendo claúsulas abusivas en los contratos y medidas arbitrarias de control social contra ocupantes e inquilinos. Es especialmente inaceptable la negativa de SAREB a firmar alquileres sociales a familias sin papeles a dos meses del inicio del proceso de Regularización Extraordinaria, caso del bloque de la C/ Real en Collado Villalba, de decenas de bloques organizados con la COSHAC y de otros bloques en el Baix Maresme. Antes del traspaso de activos SAREB debe instar el archivo de los procedimientos judiciales activos por impago o usurpación, condonar las deudas y garantizar la regularización de todos y cada uno de los ocupantes.
Las organizaciones sindicales señalan que desde que se ha hecho pública la creación de CASA47 las residentes no han recibido información alguna relativa a si su vivienda será traspasada o no. Tampoco han recibido respuesta a sus demandas de información y de negociación siendo parte directamente afectada por cualquier decisión que se tome sobre el futuro de sus viviendas.
Otro modelo de vivienda público es necesario.
La vivienda pública no puede gestionarse con los mismos criterios que generaron la crisis habitacional. Exigimos una propiedad y gestión 100% pública y transparente. Nos posicionamos en contra del actual modelo segregador, que impide que los sectores más empobrecidos de la sociedad puedan optar a viviendas públicas. Reivindicamos la universalidad como principio fundamental de los modelos públicos. Se deben retirar los ingresos mínimos de los criterios de los solicitantes y garantizar precios progresivos y alquileres sociales gratuitos.
Nuevas movilizaciones.
El movimiento de vivienda y el movimiento de pensionistas llaman a movilizarse los días 21, 22 y 23 de febrero en diversas ciudades del estado y el día 28 en Barcelona ante la previsible caída del Escudo Social –del todo insuficiente, no es el Escudo que queremos, pero que además está siendo utilizado como un quid pro quo entre Junts y el gobierno progresista para justificar concesiones muy lesivas para los intereses de las clases empobrecidas, véase la ley de multirreincidencia–, y la gravedad del problema de la vivienda en todo el territorio español.
Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Plan Sareb
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