Las vecinas inquilinas del bloque de Yesero en Villa de Vallecas, además de estar defendiendo quedarse en sus casas vía la regularización de su situación en las viviendas, mantienen un conflicto abierto no solo con SAREB sino con un sector de vecinos propietarios que ha intensificado, a raíz de la notificación de los lanzamientos, su campaña de acoso sistemático a las inquilinas de las viviendas propiedad de Sareb.
Esta intensificación de la campaña de acoso se ha traducido en:
– Declaraciones en medios criminalizando insistentemente a las vecinas inquilinas y manipulando interesadamente: la ley de vivienda no impone a Sareb ninguna obligación de hacer alquileres sociales, como están afirmando los vecinos propietarios, y de hecho el procedimiento judicial no es ni siquiera contra los inquilinos de El Yesero, sino contra la empresa AM70 que les hizo el contrato. Los vecinos no han podido ni siquiera personarse en el caso, la desprotección es absoluta.
– Llamadas a Sareb para torpedear e impedir su regularización.
– Tapiados ilegales de dos viviendas que autorizó a destapiar la policía tras levantar el atestado correspondiente ya que los operarios fueron pillados in fraganti (8315/24 Comisaría de Entrevías) .
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– Pastoreo por la urbanización a policía y gestoras de Sareb señalando viviendas habitadas y diciendo que ahí no vive nadie.
– Pastoreo a funcionarios de los juzgados difamando a las vecinas inquilinas señalando la existencia de “mafias venezolanas”. Estas difamaciones figuran transcritas en las actas de las notificaciones de los propios funcionarios del juzgado.
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– Denuncias por amenazas y daños que finalmente se han demostrado falsas, siendo absueltas las vecinas o sobreseídas las mismas. (Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid, Juicio sobre delitos leves 2572/2022. Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid, Diligencias previas 752/2023, Auto nº 1150/2023)
– Organización de caceroladas periódicas pidiendo la expulsión de las vecinas que viven en casas de Sareb.
– “Pasillos” improvisados insultando a las familias a su paso por las zonas comunes.
– Señalamientos y acoso de programas de tv aliados del sector propietario con intereses económicos directos en crear una alarma social infundada.
– Acoso que ha escalado al entorno escolar y que ha provocado que algunos menores estén recibiendo tratamiento de salud mental.
– Despliegue de pancartas en algunas ventanas contra las familias inquilinas.
– Propuesta de medidas directamente ilegales dentro del orden del día de la junta de propietarios, como “prohibir pisos sociales” en los edificios o prohibir hacer uso del ascensor a los vecinos no propietarios.
Y suma y sigue con el trasfondo declarado por este sector propietario de poner la valorización de sus viviendas por delante de la necesidad de todas de vivir bajo un techo en condiciones. Para muestra un botón de una de las diferentes cartas que se han distribuido recientemente por los buzones de la urbanización:
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